Argentina: La Corte Suprema legitimó la trampa electoral

por la Agencia de Prensa Alternativa*

12015039_1171790189503272_2431590717617567712_oLa decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de anular las elecciones fue celebrada por el grueso de la oposición y denunciada por el oficialismo como un ‘golpe blando’. La Corte Suprema de Justicia revocó su sentencia y convalidó las elecciones, e interpeló al Estado a que “se adopten las medidas necesarias para combatir el flagelo del clientelismo político”.  El fallo no cierra la crisis institucional ni de legitimidad, a pesar de los esfuerzos discursivos oficialistas. La judicialización de las elecciones debe poner en cuestionamiento la mercantilización del voto.

El estado de conmoción generalizada que hay en la sociedad tucumana habían llevado a la izquierda a celebrar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que fue profundamente clasista, a los justicialistas a naturalizar y justificar la mercantilización del voto y prácticas clientelares y a los radicales macristas a develar su menosprecio por los pobres.

El fallo de la Cámara ha llevado al oficialismo a acusar de golpe ‘blando’ o ‘jurídico’ a la Justicia, sobre la que ha avanzado impunemente en los últimos años en Tucumán. No ha logrado completar su misión de manera absoluta, pero nadie podría dudar que la de la provincia tiene un marcado favoritismo por el alperovichismo. Sólo recordar la convalidación de la posibilidad de ir por un tercer mandato a José Alperovich, la paralización de las causas de Paulina Lebbos y la impunidad con la que actuaron fiscales y jueces designados en estos últimos 12 años, cuyo ejemplo máximo de corrupción podría sintetizarse en la figura de Guillermo Herrera.

Hay bastante de hipócrita en ese planteo que apunta a victimizarse, poniéndose como el sector más débil de Tucumán. No hay forma de justificar esta mirada. No sólo por la concentración de poder con el que han gestionado el Estado en la década pasada, sino porque de su lado se encuentran los hombres más ricos y poderosos de la provincia: Alperovich, dueño de campos de arándano, soja, limón, con intereses en empresas constructoras, dueño de concesionarias, etc.; Juan Manzur, el ministro más rico de la era kirchnerista; Osvaldo Jaldo, terrateniente ganadero del norte tucumano. Sin contar el apoyo de empresarios multimillonarios, como Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, conocidos dueños de ingenios y miles de hectáreas de tierras.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia devuelve las cosas a la normalidad creada en la última década: revocó el amparo presentado por el Acuerdo por el Bicentenario, que la Cámara en lo Contencioso había dado lugar ordenando a la Junta Electoral que no promulgue a los ganadores luego del escrutinio definitivo, pero además exhortó a las autoridades provinciales a que “se adopten las medidas necesarias para combatir el flagelo del clientelismo político, y proponer se evalúe la factibilidad, pertinencia y conveniencia de establecer modificaciones para perfeccionar el sistema electoral imperante”.

En síntesis, la Corte provincial legitimó las elecciones aunque reconoció que las prácticas clientelares son graves. “Sin caer en el extremo de negar ni relativizar la gravedad que ese tipo de actos contrarios a la ley, máxime ante la importancia de los valores en juego, no es posible, empero, soslayar, por un lado, la decisión de aquellos votantes que no se prestan ni participan de tal irregularidad ni, por el otro -y lo que es más decisivo todavía- la circunstancia incontrastable de que del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes al ingresar solos al cuarto oscuro quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña”, planteó René Goane, uno de sus miembros, en su voto.

El mito de la Justicia independiente -o la prensa independiente- han sido funcionales en el pasado al poder. El kirchnerismo ha avanzado en su denuncia pero ocultando al mismo tiempo algo esencial: que esa ruptura les ha permitido copar espacios que les garantizan favores.

La polarización, el binarismo, la simplificación de la realidad ha calado hondo y, lo que se manifiesta en la superficie, lo que se ve, muestra una dura disputa entre los poderes instituidos, entre los ricos que quieren ser más ricos, y los dirigentes que quieren enriquecerse a través de la función pública, pero con un elemento esencial: tomando como rehenes a los pobres, a quienes se están usando como moneda de cambio para justificar posiciones.

Ni ‘golpe blando’ ni ‘defensa de la democracia’. Los dos fallos impiden debatir de fondo lo que pasa en la provincia. Quedan en la superficie. Es que la mercantilización del voto, el uso de los recursos estatales para las elecciones y la equiparación de la jornada electoral como jornada laboral, han sido prácticas tanto del Frente para la Victoria como del Acuerdo por el Bicentenario. El pago por voto, los contratos precarios, el traslado de votantes, el reparto de bolsones, la  retribución monetaria a fiscales, etc., han sido realizadas por los dos frentes mayoritarios.

Para la izquierda, para las organizaciones populares, queda el debate de si la mercantilización de las elecciones es igual a la ‘compra de voluntades’, si lo que se pone en juego es la libertad del votante. O, si en todo caso, asistimos al perfeccionamiento de una institución tramposa, que hace creer al pueblo que da igual votar a cualquiera porque ‘son todos los mismos’, ‘nada cambiará’ y por lo menos ‘saqué algo de plata’.  Las elecciones como sistema que profundiza el escepticismo, que opera para reforzar las ideas de que la transformación es imposible y mantener el estatus de inmovilidad, funcional a los intereses dominantes.

La crisis institucional y de legitimidad que se ha abierto en las últimas semanas no se cerrará con la asunción de las nuevas autoridades. Quedará vigente, abierta, escondida en la cotidianeidad. Los de arriba no podrán seguir gobernando como lo vienen haciendo. Por lo menos tan impunemente. Hay algo allí, en lo bajo, que se ha generado. El desafío será poder darle a ese malestar una forma política emancipatoria, que avance en organizar esas fuerzas latentes y la transformen en una opción realmente democrática y popular.

*Reproducido con permiso de los autores.

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